La confirmación de la jueza Michelli en la Cámara Alta dejó expuesta una nueva fractura en la coalición gobernante. A contrapelo de las instrucciones emanadas desde Casa Rosada, Patricia Bullrich consiguió los votos necesarios para que la magistrada avanzara en su designación, marcando un punto de quiebre en la estructura interna de La Libertad Avanza.
El resultado de la votación generó malestar en varios sectores del oficialismo. Mientras desde la cartera de Seguridad se festejaba la victoria legislativa, en otros espacios del Gobierno interpretaron el desenlace como un acto de insubordinación que cuestiona la autoridad del Ejecutivo sobre sus propios funcionarios.
Esta nueva tensión se suma a una serie de enfrentamientos previos que han caracterizado la dinámica de la administración actual. Las diferentes facciones que componen el espacio libertario vienen marcando diferencias sobre temas de envergadura, y la sesión de ayer en el Senado no fue la excepción.
Las acusaciones comenzaron a tejerse inmediatamente después de que se conocieran los resultados. Desde distintos frentes se cuestionó la lealtad política de Bullrich y se planteó si sus acciones responden a una estrategia personal de consolidación de poder o a convicciones propias sobre la jueza en cuestión.
Por su parte, desde el entorno de la ministra se defendió la decisión argumentando que el pliego de Michelli contaba con méritos suficientes para su aprobación y que la decisión se basaba exclusivamente en criterios técnicos y profesionales, independientemente de las presiones ejercidas desde otras áreas del Gobierno.
Los observadores políticos advierten que estos conflictos internos podrían debilitar la capacidad de maniobra del Ejecutivo en el Congreso en los próximos meses. La unidad legislativa que caracterizó los primeros meses de gestión muestra signos claros de desgaste, lo que podría complicar la aprobación de proyectos de ley estratégicos para la administración.
Esta escalada entre las tribus libertarias refleja una realidad cada vez más compleja: la coalición gobernante enfrenta dificultades para mantener una posición coherente en decisiones de mediano calado, lo que abre interrogantes sobre su solidez política de cara a los próximos desafíos parlamentarios.
