Alerta por recortes en políticas contra la violencia de género

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Las organizaciones que trabajan en defensa de derechos de las mujeres encendieron las alarmas en las últimas horas. Advierten sobre una serie de medidas que reducen el presupuesto y alcance de dispositivos clave destinados a atender a víctimas de violencia machista y a sus familias.

Entre los cambios más preocupantes figura el recorte de fondos asignados a la Línea 144, servicio de atención telefónica que funciona como primer contacto para mujeres en situación de riesgo. Junto a esto, se registraron modificaciones en el Programa Acompañar, una iniciativa que brinda apoyo integral a mujeres víctimas de violencia.

Pero hay otro aspecto que genera aún más inquietud entre los especialistas: las limitaciones impuestas a los mecanismos de asistencia destinados a niños y adolescentes que perdieron a sus madres como consecuencia de femicidios. Estos menores quedan en una situación de extrema vulnerabilidad que requiere de contención psicosocial especializada y sostenida en el tiempo.

Las instituciones especializadas subrayan que estas decisiones impactan directamente en la capacidad del Estado para responder ante la emergencia de género que atraviesa el país. La línea de atención, los programas de acompañamiento y la asistencia a huérfanos por femicidio funcionan como una red de contención fundamental para miles de personas que enfrentan situaciones de riesgo.

Desde diversos sectores se advierte que el debilitamiento de estas políticas puede traducirse en un aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y sus hijos. Las críticas subrayan además que estos ajustes llegan en un contexto de presupuesto nacional cada vez más restrictivo para políticas sociales.

Los organismos de derechos humanos insisten en que las medidas de asistencia a víctimas de violencia no deben considerarse gastos discrecionales, sino inversiones esenciales en seguridad y bienestar social. La controversia pone de relieve la tensión entre las prioridades de ajuste fiscal del gobierno actual y las demandas de protección de colectivos en situación de vulnerabilidad.

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