La situación política del gobierno atraviesa un punto de quiebre. Los números en las encuestas de intención de voto reflejan un desgaste que ha modificado el escenario parlamentario y las posibilidades de avanzar con su agenda legislativa.
Uno de los temas más sensibles es la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo que parecía un objetivo alcanzable hace algunos meses ahora enfrenta resistencias crecientes en el Congreso, principalmente de sectores opositores que históricamente mostraron disposición al diálogo.
La erosión de popularidad del mandatario nacional ha generado un efecto paradójico: la oposición dialoguista, aquella que busca negociar antes que confrontar, encuentra mayor respaldo en sus bases y menos presión para ceder frente al oficialismo. Esta dinámica reduce significativamente los márgenes de negociación que el gobierno podría haber aprovechado semanas atrás.
Los números electorales actúan como catalizadores políticos. Cuando una administración pierde apoyo en las encuestas, los legisladores de bancadas moderadas reciben señales inequívocas: sus votantes no premian la complicidad con un proyecto debilitado. Por el contrario, aquellos que mantienen independencia o crítica constructiva ganan tracción en sus distritos.
Esta realidad hace que avanzar con reformas electorales se transforme en un cálculo mucho más complejo. La derogación de las PASO requeriría una mayoría calificada o al menos acuerdos sólidos con sectores de la oposición. Sin embargo, esos sectores que antes podían haber sido persuadidos ahora cuentan con argumentos políticos más fuertes para resistir.
El escenario actual evidencia cómo la legitimidad electoral incide directamente en la capacidad legislativa. Un gobierno con proyección ascendente en las encuestas logra convencer. Uno en caída libre encuentra puertas cerradas. Los cálculos electorales de cada legislador, especialmente en provincias donde el oficialismo no tiene presencia dominante, determinan posiciones que parecían negociables hace poco tiempo.
La estrategia del ejecutivo deberá replantearse. Ya no se trata solo de convencer, sino de recuperar credibilidad política para volver a sentarse en una mesa de negociaciones desde una posición que genere confianza.
