La decisión del Gobierno argentino de suprimir el practicaje en los buques continúa generando ondas de choque más allá de las fronteras nacionales. Ahora, Uruguay se une a las voces críticas que cuestionan esta medida implementada por Federico Sturzenegger.
La disposición, que busca reducir costos operativos en el transporte marítimo, ha provocado una ola de descontento que trasciende los límites del país. En territorio uruguayo, diversos sectores vinculados a la actividad portuaria y marítima expresan su preocupación ante los alcances de este decreto.
La medida afecta directamente los protocolos de navegación en los puertos, donde históricamente se ha requerido de profesionales especializados para guiar las naves durante el ingreso y egreso de las terminales. Esta práctica, conocida como practicaje, constituye un servicio de alta especialización que ha sido parte de los estándares de seguridad marítima en la región.
Desde Uruguay surgen advertencias sobre las posibles consecuencias operacionales que podría traer aparejada la eliminación de este servicio. Los trabajadores del sector portuario y las cámaras empresariales del país vecino advierten sobre riesgos que van desde la seguridad de las operaciones hasta la viabilidad de los negocios relacionados.
La controversia se expande por el Cono Sur en momentos en que el Ejecutivo argentino profundiza su agenda desreguladora. Las críticas internacionales se suman a las que ya enfrenta el Gobierno localmente, donde sindicatos y trabajadores del sector marítimo han manifestado su oposición.
Los pronunciamientos desde Uruguay evidencian que las decisiones de política económica en Argentina generan impacto transfronterizo, especialmente en sectores integrados regionalmente como el transporte marítimo y las operaciones portuarias. Las autoridades uruguayas monitorean cómo esta medida puede incidir en la dinámica de los puertos del Mercosur.
