Desde que comenzó la gestión actual en diciembre de 2023, el costo de los pasajes en colectivos, subterráneos y ferrocarriles del área metropolitana experimentó incrementos sin precedentes que dejaron muy atrás al índice de inflación general.
Un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone cifras alarmantes sobre la evolución de las tarifas de transporte. En apenas doce meses, algunos servicios multiplicaron sus valores hasta diecisiete veces, lo que representa un aumento desproporcionado respecto a otros sectores de la economía.
Los datos recopilados por la institución de investigación muestran que la escalada tarifaria afectó de manera desigual a los tres modos de transporte metropolitano. El incremento más pronunciado se observó en determinados servicios, aunque todos experimentaron alzas significativas que superaron ampliamente el ritmo de variación de precios que registró el resto de la economía durante el mismo período.
Esta situación impactó con particular crudeza en los sectores más vulnerables de la población. Aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo vital y móvil vieron reducida dramáticamente su capacidad adquisitiva, ya que destinan un porcentaje creciente de sus ingresos únicamente al traslado diario hacia sus lugares de empleo.
El transporte público representa un servicio esencial para millones de habitantes del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Su encarecimiento sostenido genera un efecto cascada en la economía familiar, comprimiendo el presupuesto destinado a otros rubros como alimentación, salud y educación.
Los números del CEPA constituyen un insumo importante para el debate público sobre las políticas tarifarias implementadas durante este período. Especialistas en economía señalan que cuando los aumentos de servicios básicos superan significativamente la inflación acumulada, estamos frente a un fenómeno de redistribución regresiva del ingreso que afecta más duramente a los sectores de menores recursos.
La magnitud de estas alzas ha motivado preocupación entre economistas, sindicalistas y representantes de organizaciones sociales, quienes cuestionan la sostenibilidad de una estructura tarifaria que se distancia cada vez más de la capacidad de pago de la población trabajadora.
