La iniciativa del gobierno para eliminar las PASO enfrenta un escollo político inesperado. El gobernador Osvaldo Jaldo expresó su rechazo a la medida, restándole respaldo legislativo al oficialismo en un momento crucial para avanzar con la reforma electoral.
La postura del mandatario tucumano representa un golpe táctico para las intenciones del Ejecutivo, que buscaba obtener los votos suficientes en el Congreso para concretar la supresión de las primarias abiertas. Sin embargo, la negativa de Jaldo pone en evidencia las grietas internas de la coalición gobernante y complica el escenario de negociación.
Desde el despacho presidencial ya reconocen que no cuentan con los números necesarios para garantizar la aprobación de la reforma. Los cálculos legislativos que manejaba el equipo económico se desmorona con cada pronunciamiento en contra, y la ausencia de consenso político amplía la brecha entre las intenciones del Ejecutivo y la realidad de un Parlamento fragmentado.
La posición de Jaldo se suma a otras resistencias que ha encontrado la iniciativa en provincias y bloques legislativos disconformes con la eliminación de las PASO. Gobernadores aliados y legisladores de espacios que apoyan al gobierno cuestionan una reforma que, desde su perspectiva, debilita la participación democrática en los procesos electorales internos de los partidos.
Esta tensión refleja un patrón que se repite en la gestión actual: el Ejecutivo avanza con proyectos de reformas estructurales pero carece de consensos parlamentarios sólidos. La baja sintonía entre las prioridades del gobierno y los intereses locales de las provincias se convierte en un obstáculo difícil de sortear.
La reforma electoral seguirá siendo debatida en los pasillos de la Casa Rosada, pero la ausencia de una mayoría clara indica que cualquier avance requerirá negociaciones más profundas y probablemente concesiones que el Ejecutivo aún no está dispuesto a hacer.
