Las organizaciones de productores rurales de la provincia salieron al cruce de una posible desregulación en el protocolo de vacunación contra la aftosa. En un comunicado contundente, rechazaron cualquier intento de flexibilizar las medidas de control que actualmente rigen en el territorio nacional.
La aftosa representa uno de los flagelos más peligrosos para la ganadería argentina. La enfermedad viral afecta directamente la productividad de bovinos, porcinos y ovinos, impactando no solo en la salud del rodeo sino también en los ingresos de los productores. Por eso, las políticas de inmunización obligatoria han sido históricamente fundamentales para mantener el estatus sanitario del país.
Los dirigentes de las sociedades rurales argumentaron que eliminar o reducir la obligatoriedad de la vacunación podría comprometer años de trabajo en materia de bioseguridad. Advirtieron, además, sobre las consecuencias económicas que traería consigo un brote: cierre de mercados internacionales, caída de exportaciones y pérdidas millonarias para el sector.
Esta postura refleja la preocupación que existe en el campo ante cualquier cambio en los protocolos sanitarios consolidados. Los productores temen que la desregulación abra la puerta a situaciones de riesgo que podrían revertirse lentamente, si es que se logra controlar.
Desde las entidades ganaderas enfatizaron que la vacunación sistemática no solo protege a sus asociados, sino que resguarda el patrimonio zoosanitario de toda la nación. Consideran que cualquier modificación debe ser consultada previamente con el sector y basarse en criterios científicos rigurosos.
La industria exportadora de carnes también ha manifestado su interés en mantener los estándares actuales. Los mercados internacionales más exigentes demandan garantías sobre el status sanitario de los productos que importan, por lo que un retroceso en las políticas de vacunación podría cerrar puertas comerciales de alto valor.
Esta confrontación entre productores y eventuales cambios regulatorios pone en evidencia la tensión existente entre las demandas de flexibilización administrativa y la necesidad de preservar conquistas sanitarias que tardaron décadas en consolidarse.
