El Ejecutivo nacional diseña una estrategia legislativa para proteger el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, después de que la Corte Suprema se pronunciara sobre cuestiones vinculadas a su implementación. La maniobra apunta a convertir en ley lo que actualmente existe como norma presidencial, buscando elevar el nivel de protección legal frente a intentos de la oposición por revertirlo.
La iniciativa se concentra en una propuesta sobre tierras que buscaría trasladar a la legislatura los contenidos más relevantes del decreto. De esta forma, cualquier modificación o eliminación requeriría un proceso parlamentario más complejo que la simple derogación de un DNU, que puede ocurrir con una simple mayoría en el Congreso.
La jugada legislativa responde a la creciente preocupación en Casa de Gobierno sobre la estabilidad de una de sus herramientas más polémicas. El DNU 70, que ha generado tensiones con distintos sectores, encuentra en el Parlamento una oposición organizada que ha manifestado su intención de desactivarlo si logra los votos necesarios.
En los últimos meses, el conflicto en torno a este instrumento se intensificó después de que tribunales comenzaran a analizar su constitucionalidad en diferentes casos. La Corte, al pronunciarse, abrió interrogantes sobre la solidez jurídica de varias medidas incluidas en el decreto.
Los equipos económicos y legales del gobierno estudian desde hace semanas cómo reformular estas políticas dentro del marco de una ley ordinaria. La propuesta sobre tierras sería el primer paso de una estrategia más amplia para institucionalizar disposiciones del DNU que resultan prioritarias para la administración actual.
La oposición, mientras tanto, mantiene su rechazo frontal al decreto y advierte que esta maniobra es un intento de evadir los controles parlamentarios. Diputados y senadores de diversos bloques han señalado que cualquier iniciativa que intente blindar medidas controvertidas enfrentará una resistencia sostenida.
En el Congreso, los números aún no favorecen al gobierno para asegurar la aprobación de nuevas leyes sin acuerdos transversales. Este factor se presenta como el principal desafío para que la estrategia legislativa prospere en los tiempos que el Ejecutivo necesita.
