Cristina lleva su condena a Naciones Unidas con abogado de Lula

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La defensa legal de Cristina Kirchner avanza en una estrategia internacional para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. El equipo conformado por Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego realizará una conferencia de prensa para exponer los pormenores de esta maniobra que busca llevar el expediente ante organismos multilaterales.

La decisión marca un giro significativo en la estrategia defensiva de la expresidenta, quien ya había sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en julio de 2022. El proceso, que acumula años de litigios, ahora trascenderá las fronteras nacionales con apoyo de especialistas en derecho internacional.

Alberto Beraldi, quien lidera la defensa, es abogado con vasta experiencia en casos de alto perfil. Rafael Valim, por su parte, viene recomendado por su participación en la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, lo que le otorga credibilidad en litigios complejos de carácter político-judicial. Javier Borrego completa el triángulo legal que ahora buscará demostrar irregularidades procesales ante la comunidad internacional.

Esta iniciativa representa un escenario poco frecuente en la política argentina: la apelación a instancias supranacionales para cuestionar una sentencia de la justicia local. La maniobra legal sugiere que los abogados consideran que existen vicios procesales o vulneraciones de derechos que merecen ser revisados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana.

La causa Vialidad acusaba a Kirchner de presuntamente favorecer empresas de construcción cercanas a sus gobiernos entre 2003 y 2015 a través de asignaciones de obra pública. La expresidenta siempre rechazó los cargos argumentando que se trataba de persecución política.

La conferencia de prensa del equipo defensivo ofrecerá claridad sobre qué organismos internacionales recibirán los planteos y cuál es el cronograma previsto. Esta jugada legal abre un nuevo capítulo en una batalla judicial que ha marcado la política argentina en la última década.

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