El ministro de Economía Luis Caputo volvió a otorgar concesiones de infraestructura vial a empresas privadas, continuando con la estrategia de trasladar la gestión de rutas hacia el sector privado. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que estas licitaciones no contemplan obras significativas que mejoren sustancialmente la red de caminos nacional.
La medida se enmarca en el plan del Gobierno de reducir la carga fiscal del Estado mediante asociaciones público-privadas y concesiones de larga duración. Aunque la administración Milei presenta estos movimientos como modernización y eficiencia, los críticos cuestionan que falten inversiones de magnitud en infraestructura vial.
Desde sectores de transporte, logística y empresas del sector construcción surgieron voces que alertan sobre la ausencia de grandes proyectos incluidos en estos nuevos acuerdos. Las concesiones otorgadas mantienen principalmente servicios de mantenimiento y peaje, sin impulsar ampliaciones significativas de calzadas, duplicaciones o mejoramientos estructurales en rutas estratégicas.
La privatización de rutas tiene antecedentes en Argentina que generan controversia. Mientras el Gobierno sostiene que los operadores privados invierten más eficientemente, especialistas en transporte observan que la rentabilidad por peaje muchas veces no garantiza obras de impacto real en regiones con menor volumen de tráfico.
Esta nueva tanda de concesiones se suma a otras medidas del Ministerio de Economía orientadas a reducir el gasto público y buscar ingresos extraordinarios. Los analistas señalan que el modelo depende fuertemente de recaudación por peaje, lo que podría limitar la expansión vial en zonas menos rentables.
Los gobiernos provinciales también expresaron preocupación por la falta de coordinación con sus planes de infraestructura local. Hasta ahora, Caputo no ha presentado un programa integral que articule concesiones con inversiones públicas complementarias.
