Una decisión del Gobierno nacional pone en jaque un ambicioso plan de expansión industrial en la región santafesina. La administración Milei bloqueó la construcción de un gasoducto destinado a abastecer el Gran Rosario, lo que derivó en el congelamiento de una megainversión valuada en 1.800 millones de dólares.
El proyecto, impulsado por el empresario Mindlin, contemplaba la instalación de una planta fabricante de urea en la zona. Este fertilizante es un insumo crítico para el sector agropecuario argentino, principal generador de divisas para el país.
La paralización del gasoducto representa un obstáculo significativo para la concreción del emprendimiento. Sin acceso garantizado al suministro de gas natural, la viabilidad económica de la inversión quedó comprometida, según fuentes cercanas al proyecto.
Esta medida se produce en un contexto donde el Ejecutivo ha priorizado ajustes fiscales y una revisión de obras de infraestructura de gran escala. Sin embargo, analistas advierten que frenar iniciativas privadas de envergadura podría afectar la generación de empleo y la capacidad exportadora del país.
Mindlin, referente del sector empresarial argentino, habría expresado su preocupación respecto a los tiempos y las certidumbres necesarias para avanzar con una inversión de tal magnitud. La falta de señales claras sobre políticas de energía y gas natural genera incertidumbre en los tomadores de decisiones del mundo corporativo.
Santa Fe concentra gran parte de la industria química y petroquímica del país, por lo que decisiones sobre infraestructura gasífera impactan directamente en su potencial de crecimiento. La región depende en gran medida de proyectos de largo plazo que generen empleo calificado y atraigan capitales externos.
La suspensión del gasoducto deja en suspenso no solo este emprendimiento específico, sino también futuras iniciativas vinculadas al sector. Otros actores económicos monitorean atentamente cómo el Gobierno define sus prioridades en materia de inversión en infraestructura energética.
