En un movimiento que refleja las tensiones internas del oficialismo, los gobernadores han elevado sus exigencias hacia Santilli respecto al proyecto de modificación del sistema electoral. Lejos de dar un voto de confianza automático, estos mandatarios buscan blindarse políticamente mediante una garantía documentada.
La jugada política responde a una estrategia defensiva clara: los gobernadores no quieren quedar expuestos si la reforma genera consecuencias electorales adversas en sus provincias. Al solicitar un respaldo por escrito, intentan trasladar la responsabilidad de la decisión hacia el legislador porteño y distribuir el riesgo político entre múltiples actores.
Esta postura refleja las grietas que persisten dentro de la coalición de gobierno. Aunque el proyecto de eliminar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias cuenta con apoyo general, los gobernadores buscan protegerse de posibles críticas futuras. La exigencia de un aval firmado no es un detalle menor: representa la falta de consenso genuino sobre una medida que podría rediseñar el mapa político nacional.
Los gobernadores enfatizan que una reforma de esta magnitud requiere más que promesas verbales. Quieren documentación que respalde el compromiso de quienes impulsan el cambio, especialmente considerando las complejidades que una modificación electoral puede generar en los sistemas locales.
Esta tensión plantea un interrogante sobre la cohesión del bloque gobernista. Si los propios mandatarios provinciales desconfían lo suficiente como para pedir garantías escritas, señala que el proyecto enfrenta cuestionamientos más profundos que los meramente técnicos. La estrategia de Santilli deberá incluir no solo argumentos a favor de la reforma, sino también mecanismos que tranquilicen a los gobernadores sobre las consecuencias que esta pudiera acarrear.
La negociación que se abre ahora será crucial para definir si la reforma electoral avanza sin resistencias internas o si, por el contrario, termina siendo dilatada o modificada significativamente para satisfacer las demandas provinciales.
