Una nueva causa penal se abrió en contra del funcionario Monteoliva luego de que un efectivo de seguridad actuando en condición de civil realizara disparos durante una concentración pública. El hecho generó conmoción en las redes sociales y motivó presentaciones judiciales de múltiples organizaciones de derechos humanos.
Según informaron fuentes del caso, el incidente ocurrió en el contexto de una marcha donde participaban ciudadanos reclamando por distintas demandas sociales. El uniformado, quien no estaba identificado como miembro de las fuerzas de seguridad, hizo uso de su arma de fuego generando momentos de pánico entre los asistentes.
La investigación que ahora avanza en los tribunales se concentra en determinar las circunstancias exactas que llevaron al agente a utilizar la violencia y qué rol jugó el funcionario en la cadena de decisiones. Especialistas en seguridad pública señalan que el accionar de policías encubiertos durante manifestaciones es una práctica que genera debates sobre el uso proporcionado de la fuerza.
Desde distintos espacios políticos y sociales se cuestionó la participación de agentes sin identificación explícita en operativos de control de multitudes. Legisladores de varias bancadas ya anunciaron que solicitarán informes oficiales sobre los protocolos de actuación en estos casos.
La defensa de Monteoliva aún no ha emitido pronunciamiento público sobre los cargos. Sin embargo, su entorno indica que cooperará con las autoridades judiciales para aclarar los hechos.
El caso se suma a una serie de incidentes que han puesto bajo escrutinio las tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas en los últimos años. Organizaciones civiles mantienen registro detallado de estos episodios y los utilizan para exigir reformas en los procedimientos operativos.
