Un nuevo capítulo de fricción entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval se abrió a raíz de la eliminación de la norma que regulaba el practicaje en jurisdicciones marítimas. La decisión gubernamental reactualizó un conflicto que trasciende lo administrativo y toca cuestiones de poder institucional y competencias territoriales entre ambas fuerzas.
El practicaje refiere a la actividad de expertos que guían embarcaciones en zonas de difícil navegación. Hasta hace poco, un decreto específico delimitaba cómo y quién podía ejercer estas funciones en aguas bajo control argentino. Su derogación dejó un vacío legal que ambas instituciones pretenden llenar con criterios propios.
La Armada argumenta que le corresponde la supervisión de estas operaciones dentro de sus atribuciones de control naval. Por su parte, la Prefectura sostiene que su experiencia en seguridad marítima y tránsito fluvial la posiciona como la autoridad más indicada para regular esta práctica.
Esta confrontación no es nueva. Durante años, ambas fuerzas han mantenido diferencias respecto a qué institución debe tener primacía en distintos escenarios de la seguridad acuática nacional. El vacío normativo generado por la derogación funcionó como catalizador de tensiones que permanecían latentes.
Desde círculos cercanos a la Armada se indica que la eliminación del decreto fue abrupta y que no se contemplaron los protocolos de coordinación que requiere una transición en materias tan sensibles. En la Prefectura, en tanto, evalúan cómo capitalizar esta situación para ampliar su jurisdicción.
El conflicto expone una debilidad institucional: la falta de marcos claros que eviten estas pugnas internas entre organismos del Estado. La ausencia de regulación genera espacios grises que terminan alimentando rivalidades ya existentes.
Analistas en seguridad consideran que sin una intervención coordinada desde el Ejecutivo, estas fricciones podrían derivar en superposiciones de funciones, duplicación de tareas y, finalmente, en una reducción de la efectividad en el control de actividades marítimas.
La próxima medida del gobierno será determinante. Si se sanciona un nuevo decreto que favorezca explícitamente a una de las fuerzas, probablemente intensificará el malestar en la otra. Alternativamente, un marco que establezca competencias compartidas requeriría que ambas instituciones logren acuerdos operativos de difícil concreción dado el historial de desencuentros.
