En Mar del Plata crece la polémica alrededor de una iniciativa de los ediles libertarios que pretende establecer un gravamen específico para Uber y otras plataformas de movilidad. La propuesta ha generado roces internos dentro del espacio político que respalda al gobierno nacional, particularmente con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los concejales de La Libertad Avanza en la ciudad balnearia presentaron un proyecto para crear una tasa municipal dirigida a las empresas de transporte por aplicación. Aunque la medida busca obtener ingresos para las arcas municipales, la iniciativa ha desatado un conflicto interno que evidencia las diferencias de criterio dentro del oficialismo.
Desde el gobierno nacional, específicamente desde la cartera económica, se ha cuestionado esta iniciativa. Caputo habría expresado su desacuerdo con esta clase de gravámenes, considerando que van en contra de la filosofía de reducción tributaria que pregona la administración Milei. La tensión refleja un choque de visiones entre la necesidad local de financiamiento municipal y la orientación desreguladora del ejecutivo nacional.
Esta situación ilustra un problema recurrente en municipios argentinos: la necesidad de generar recursos propios en contextos de restricción fiscal, chocando con directivas del gobierno central. Mar del Plata, como ciudad turística con un importante movimiento de plataformas de transporte, encuentra en estas empresas una potencial fuente de ingresos que sus autoridades locales ven como legítima.
La disputa también pone en evidencia las tensiones que pueden surgir entre gobiernos locales libertarios y el ejecutivo nacional, más allá de la coincidencia política. Aunque comparten una ideología común, las realidades municipales muchas veces obligan a tomar decisiones que no siempre alinean con los lineamientos macro de Milei y su equipo económico.
El proyecto aún no ha avanzado en el concejo deliberante de Mar del Plata, por lo que seguirá siendo materia de debate en los próximos días. La definición de este caso podría sentar un precedente respecto de qué márgenes de autonomía tienen los gobiernos locales libertarios para implementar su propia política tributaria.
