Un caso que levanta sospechas sobre los criterios de selección en la Corte Suprema salió a la luz tras revelarse que dos de sus miembros desaprobaron a candidatos para ocupar cargos judiciales por haber expresado opiniones favorables a los derechos de las personas con discapacidad.
La información, que genera preocupación en sectores vinculados a la defensa de derechos humanos, muestra una tendencia selectiva en la evaluación de aspirantes a magistrados. Los exámenes que debían aprobar estos postulantes incluían preguntas sobre jurisprudencia y capacidad técnica, pero al parecer sus posicionamientos sobre cuestiones de inclusión social influyeron en los resultados finales.
Rosenkrantz y Weinberg, ambos miembros de la máxima instancia judicial, fueron quienes suscriben esta estrategia de descalificación. Este patrón sugiere una barrera ideológica en el proceso de selección que va más allá de la competencia profesional requerida para ejercer la magistratura.
La práctica contrasta con los estándares internacionales de selección de jueces, que enfatizan la independencia judicial y la evaluación objetiva de habilidades técnicas y éticas. Desaprobar a candidatos por sus posiciones sobre derechos fundamentales abre interrogantes sobre la neutralidad del proceso.
Para especialistas en derecho administrativo, este mecanismo representa una forma velada de filtración política que afecta la composición del Poder Judicial. Las personas con discapacidad, a través de organismos de defensa, han expresado su preocupación ante esta situación.
El caso pone en evidencia tensiones internas en la Corte respecto a cómo se interpretan y aplican las normas sobre inclusión y no discriminación. Mientras algunos jueces buscan fortalecer estas garantías, otros parecen recurrir a herramientas procedimentales para evitar que magistrados con estas perspectivas accedan a la magistratura.
Esta revelación reabre el debate sobre la necesidad de reformar los mecanismos de selección judicial en Argentina, estableciendo criterios más transparentes e impidiendo que consideraciones ideológicas distorsionen la evaluación técnica de los candidatos.
