El Gobierno nacional tomó una medida que reconfiguró la distribución de ingresos generados por la represa Los Nihuiles, beneficiando a Mendoza en detrimento de La Pampa. La decisión, vinculada a la gestión del presidente Milei, alteró el esquema de regalías que ambas provincias percibían por la explotación del complejo hidroeléctrico.
Esta redefinición de recursos llega en un contexto donde el mandatario nacional ha promovido diferentes políticas de redistribución territorial. La medida favorecería especialmente a la provincia cuyo gobernador, Alfredo Cornejo, mantiene una relación cercana con la administración nacional.
La represa Los Nihuiles constituye un activo estratégico compartido entre ambas jurisdicciones, generando ingresos significativos mediante la venta de energía y otros servicios asociados. Históricamente, estos fondos se distribuían conforme a acuerdos establecidos que reconocían derechos de ambas provincias sobre el recurso hídrico.
Desde La Pampa se han manifestado críticas sobre esta reconfiguración, que afecta directamente los ingresos fiscales de la provincia. Los argumentos locales sostienen que la decisión debilita las finanzas de una jurisdicción que también contribuyó al desarrollo del complejo, mientras que beneficia a Mendoza de manera desproporcionada.
Esta movida se enmarca en un patrón más amplio de decisiones del Gobierno que favorecen a provincias con gobernadores afines a la gestión presidencial. En los últimos meses, se han registrado otras medidas similares en materia de asignación de recursos federales y proyectos de infraestructura.
La situación plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos naturales entre provincias y abre un debate sobre los criterios que el Ejecutivo utiliza para tales decisiones. Para La Pampa, el impacto económico podría traducirse en limitaciones para financiar políticas públicas locales en educación, salud e infraestructura.
El tema ha comenzado a generar tensiones políticas entre las administraciones provinciales, con La Pampa cuestionando la legalidad y la legitimidad de una decisión que modifica acuerdos preexistentes sin aparente negociación.
