El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, escaló su pulseada con la administración nacional al denunciar un adeudo de 30 mil millones de pesos que el Estado nacional mantendría con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La acusación representa un nuevo punto de fricción entre el mandatario provincial y el presidente Javier Milei en medio de tensiones crecientes sobre políticas de bienestar social.
Llaryora cuestiona la gestión libertaria del organismo de salud y previsión social, argumentando que existe una deuda significativa que compromete la sostenibilidad del sistema. Desde la gobernación cordobesa señalan que esta situación afecta directamente a los beneficiarios del Pami, particularmente en provincias como Córdoba donde la población jubilada constituye un sector considerable.
La embestida del gobernador provincial se produce en un contexto de creciente distanciamiento entre Schiaretti y el gobierno de Milei. Aunque inicialmente mantuvieron una relación de cierta cordialidad, las diferencias sobre el modelo económico y las transferencias de recursos han generado un enfrentamiento cada vez más abierto.
El reclamo de Llaryora incluye cuestionamientos sobre cómo el gobierno nacional está priorizando sus gastos, sugiriendo que existiría una decisión política de postergar obligaciones con el Pami en favor de otras políticas. La cifra de 30 mil millones de pesos representa un monto considerable que, según los cálculos provinciales, debería ser transferido para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de salud jubilatorio.
Desde la Casa Rosada aún no han emitido una respuesta oficial a estas acusaciones. Sin embargo, el gobierno ha argumentado en otras ocasiones que las provincias también tienen responsabilidades en el financiamiento de sistemas de seguridad social y que no se puede atribuir todos los problemas a decisiones del nivel nacional.
Esta nueva confrontación se suma a una serie de desacuerdos previos entre ambos mandatarios sobre temas económicos, distribución de recursos federales y políticas sociales. Córdoba es una de las provincias con mayor peso político en el interior del país, lo que otorga relevancia nacional a los reclamos de su gobernador.
El conflicto toca un tema sensible: la sustentabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones, que enfrenta desafíos estructurales vinculados al envejecimiento demográfico y a la dinámica macroeconómica. Las provincias y el sector público tienen un interés legítimo en que estos sistemas funcionen adecuadamente.
