Crece el reclamo contra las tasas de Mercado Pago

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Una ola de cuestionamientos sacude a Mercado Pago por los porcentajes que cobra en sus productos crediticios. Desde diferentes sectores de la sociedad, activistas y usuarios denuncian que las tasas resultan excesivas y advierten sobre el riesgo de endeudamiento para los argentinos.

La campaña de rechazo ganó tracción en redes sociales y espacios de protesta, donde se cuestiona fuertemente la política de financiamiento de la empresa liderada por Marcos Galperin. Los críticos sostienen que los intereses aplicados no guardan relación con los costos operativos reales y representan un abuso hacia consumidores vulnerables.

En un contexto de crisis económica donde muchos argentinos recurren a préstamos para subsistir, el debate sobre las condiciones crediticias se intensifica. Especialistas en finanzas advierten que tasas de este calibre profundizan el endeudamiento de sectores de menores ingresos, atrapándolos en ciclos difíciles de quebrantar.

Mercado Pago es una de las plataformas de pagos más utilizadas en el país, con millones de usuarios. Su expansión en servicios financieros la convirtió en un actor clave del ecosistema crediticio informal, compitiendo con bancos tradicionales pero sin los mismos controles regulatorios.

Los promotores del boicot exigen mayor transparencia en las tasas y piden que se revisen las políticas crediticias de la compañía. También reclaman intervención de organismos de defensa del consumidor y reguladores para establecer límites a los intereses que pueden cobrarse.

La polémica refleja una tensión más amplia en la Argentina actual: la necesidad creciente de crédito en una economía golpeada por la inflación, versus las condiciones cada vez más gravosas que ofrecen los prestamistas. Mientras la inflación presiona los salarios, plataformas como Mercado Pago multiplican sus ofertas crediticias a tasas que muchos consideran insostenibles.

Desde la empresa no han emitido respuestas públicas directas a estos cuestionamientos. Sin embargo, sostienen que sus productos se adecúan al marco regulatorio vigente y que evalúan constantemente la competitividad de sus tasas.

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