El ministro de Economía Luis Caputo vuelve a encenderse como foco de controversia tras incluir en el proyecto de Presupuesto 2025 una serie de beneficios tributarios destinados a empresas concesionarias de autopistas, entre ellas Cartellone, uno de los principales ganadores de adjudicaciones viales en los últimos años.
La maniobra, que fue detectada en los detalles del proyecto enviado al Congreso, genera malestar en distintos sectores políticos y económicos que ven con recelo los privilegios fiscales otorgados a estas corporaciones mientras el gobierno impulsa medidas de ajuste que impactan en el resto de la sociedad.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo nacional buscaba introducir beneficios impositivos sin visibilidad mediática. Sin embargo, la filtración de la información puso al descubierto un trato preferencial hacia empresas concesionarias de rutas, lo que reaviva las críticas sobre favoritismo y falta de transparencia en la formulación presupuestaria.
Cartellone, que ha ganado múltiples licitaciones de infraestructura vial durante diferentes gestiones, nuevamente aparece como uno de los principales beneficiarios de estas disposiciones tributarias. La empresa y sus pares en el negocio de autopistas accederían a reducciones o exenciones en sus obligaciones fiscales.
La controversia se enmarca en un contexto donde el gobierno nacional ha aplicado políticas de reducción del gasto público y eliminación de subsidios en diversos sectores. Para muchos analistas, estas acciones contrastan fuertemente con los privilegios otorgados a grandes corporaciones concessonarias.
Desde algunos bloques parlamentarios ya anticipan que esta cuestión podría convertirse en un punto de disputa durante el tratamiento del Presupuesto en las comisiones y en plenario. La falta de debate público previo sobre estos beneficios también genera sospechas sobre la intención del Ministerio de Economía de mantenerlos alejados de la opinión pública.
La tensión que genera la medida refleja una vieja problemática argentina: la relación entre el Estado y las grandes empresas concesionarias, que históricamente han gozado de condiciones preferenciales en sus contratos, independientemente del signo político del gobierno de turno.
