Un nuevo revés judicial para la ley que reduce la edad de imputabilidad. La jueza Laura De Marinis, del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, falló a favor de un adolescente de 14 años acusado de intentar cometer un robo, declarando inconstitucional la norma que permite procesarlo penalmente.
La magistrada consideró “no punible” al menor, un pronunciamiento que genera impacto en la discusión sobre responsabilidad penal en menores de edad. La decisión representa el segundo fallo en este sentido desde que entró en vigor la polémica reforma legislativa.
Esta resolución se suma a una serie de cuestionamientos legales que enfrenta la ley. Diferentes sectores del sistema judicial han comenzado a cuestionar la validez constitucional de la medida, argumentando que vulnera derechos fundamentales de los adolescentes.
La sentencia de De Marinis profundiza un debate que atraviesa la justicia porteña. Mientras el Poder Ejecutivo promovió la reducción de la edad de imputabilidad como medida de seguridad ciudadana, los tribunales juveniles presentan resistencia interpretando que la norma contradice principios constitucionales.
El caso del adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo llegó al juzgado como un test de la nueva legislación. La decisión de sobreseerlo sin procesamiento abre interrogantes sobre cómo se aplicará la ley en los próximos expedientes.
Esta tendencia jurisprudencial podría generar un efecto cascada. Si otros jueces acompañan este criterio, la aplicación práctica de la norma quedaría limitada a casos muy específicos o directamente inviable.
Expertos en derecho penal juvenil señalan que los fallos cuestionan tanto aspectos formales como sustanciales de la reforma. El argumento principal es que la imputabilidad reducida entra en conflicto con tratados internacionales que Argentina ratificó.
El tribunal porteño fundamentó su resolución en principios de protección integral de la infancia. Argumentó que la responsabilidad penal plena a los 14 años transgrede estándares establecidos en convenciones sobre derechos del niño.
La defensa del adolescente aprovechó esta línea argumentativa para cuestionar la constitucionalidad desde el inicio del proceso. La jueza acogió esa presentación y emitió su pronunciamiento.
Desde la sanción de la ley, organizaciones de derechos humanos han presentado presentaciones judiciales cuestionando su vigencia. Este fallo les da respaldo de parte del poder judicial.
