En medio de una crisis institucional que sacude al bloque oficialista, el diputado nacional Martín Vigo formuló un pedido inusual: la dimisión de una legisladora cercana a Luis De Loredo, cuyo equipo de colaboradores enfrenta acusaciones graves.
El reclamo surge tras la detención de un asesor de la legisladora, quien está siendo investigado por presuntos delitos de abuso. La situación generó tensión dentro de la bancada y obligó a los dirigentes a tomar posición sobre el escándalo.
Vigo expresó públicamente que la permanencia de la funcionaria en su cargo compromete la credibilidad del espacio político y plantea interrogantes sobre los criterios de selección de personal en las estructuras legislativas. Según el legislador, la gravedad de las acusaciones justifica la salida inmediata de la diputada del bloque.
La detención del asesor puso en evidencia falencias en los procesos de control y supervisión dentro del equipo. Fuentes legislativas señalan que el caso generó repercusiones más allá de los pasillos del Congreso, alcanzando a dirigentes de nivel nacional que evaluaron distintos escenarios políticos.
De Loredo, por su parte, mantiene un perfil reservado respecto a la situación. Hasta el momento no realizó declaraciones públicas sobre el pedido de Vigo ni sobre la continuidad de la legisladora en su bancada. El silencio del referente radical aviva especulaciones sobre posibles movimientos internos en la coalición gobernante.
En el bloque, algunos legisladores coincidieron con el planteo de Vigo, mientras que otros prefirieron no involucrarse directamente. La división de opiniones refleja la complejidad política que genera este tipo de casos en espacios donde la alineación es crucial.
La investigación judicial continúa su curso y se espera que en las próximas semanas haya novedades sobre la situación del asesor detenido. Mientras tanto, la presión sobre la legisladora se intensifica, y su permanencia en el cargo representa un test de fuego para la gestión de crisis del radicalismo.
