La situación en Córdoba y Santa Fe se ha vuelto crítica. Ambas provincias, que votaron mayoritariamente por el gobierno libertario, atraviesan una contracción económica severa que está dejando un tendal de despidos y cierres de fábricas.
La manufactura local, pilar histórico de estas regiones, enfrenta una caída pronunciada. Las pequeñas y medianas empresas son las que más resiente los golpes de la crisis actual, con capacidad productiva subutilizada y dificultades para acceder al crédito en condiciones viables.
En Córdoba, la industria automotriz y metalmecánica ha visto reducida su actividad de forma considerable. Los empleadores reportan una contracción en los pedidos y una demanda interna deprimida que afecta directamente la continuidad operativa de sus plantas.
Santa Fe vive un escenario similar. La región agroindustrial, que tradicionalmente generaba divisas, ahora batalla contra márgenes estrechados y una demanda internacional volátil. Los sectores vinculados a la transformación agrícola también registran despidos.
Esta realidad genera un contraste evidente. Las provincias que respaldaron al presidente en las urnas electorales enfrentan un desempleo creciente y una recuperación más lenta de lo esperado. Los datos laborales muestran un deterioro acelerado, con trabajadores que pierden fuentes de ingresos estables.
La inversión privada, ese motor que prometía reactivarse, aún no llega a estos territorios con la intensidad necesaria. Las empresas tienden a esperar más claridad en el contexto macroeconómico antes de realizar compromisos de capital.
Las autoridades locales advierten que la situación requiere medidas urgentes. Sin embargo, el margen de acción provincial es limitado frente a políticas nacionales que mantienen tasas de interés elevadas y un ajuste fiscal profundo.
La pregunta que resurge en ambas provincias es incómoda: ¿cuándo comienza la recuperación promesa? El desempleo avanza más rápido que la solución, y la paciencia de los trabajadores tiene límites.
