El letrado que ocupaba la jefatura legal de Globalia compareció ante los senadores para cuestionar la versión que mantiene la oposición respecto al apoyo financiero otorgado a Air Europa. Según su testimonio, la operación no se trató de un rescate empresarial convencional, sino de una línea de crédito que imponía requisitos muy exigentes a la compañía aérea.
Esta declaración llega en medio del debate político sobre las responsabilidades del gobierno y sus funcionarios en el respaldo brindado a la aerolínea. El Partido Popular ha insistido en calificar la medida como un salvamento de emergencia, mientras que la defensa de los implicados argumenta que existieron garantías contractuales que limitaban el riesgo fiscal.
Campos Gallego enfatizó durante su intervención legislativa que los términos de la operación incluían cláusulas protectoras para el Estado. Estas disposiciones, según su lectura, habrían funcionado como salvaguardas para evitar un desembolso irrestricto de fondos públicos sin contraprestación alguna.
La comparecencia judicial de altos ejecutivos y asesores de Globalia forma parte de una investigación más amplia que involucra múltiples actores políticos y empresariales. Las autoridades parlamentarias buscaban establecer el grado de participación y conocimiento de cada involucrado en las decisiones financieras.
Desde la perspectiva de quienes defienden la operación, se subraya que los mecanismos de control y los condicionamientos impuestos diferencian esta transacción de una simple inyección de capital sin respaldo. Sin embargo, los críticos mantienen que independientemente de la estructura técnica, el resultado final fue una asistencia estatal a una empresa privada en dificultades.
La tensión entre estas dos interpretaciones refleja una disputa más profunda sobre cómo se manejaron los recursos públicos y quiénes fueron los responsables de estas decisiones durante el período en cuestión.
