Macri y Caputo pactan bonos para saldar la deuda de Buenos Aires

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En una movida que busca aliviar las arcas de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Jorge Macri cerró un acuerdo con el ministro de Economía Luis Caputo para cancelar una deuda de 800 mil millones de pesos mediante la emisión de bonos.

La negociación representa un respiro financiero para la administración porteña, que atraviesa tensiones presupuestarias en el contexto de la actual política fiscal nacional. De esta manera, en lugar de desembolsos en efectivo, la Nación pagará con títulos valores que podrán ser utilizados por la Ciudad en operaciones futuras.

El acuerdo marca un punto de encuentro entre dos figuras clave del macrismo: Macri, quien lidera el Gobierno porteño desde 2016, y Caputo, designado como titular de Hacienda bajo la administración de Javier Milei. Ambos comparten raíces en el espacio político de Mauricio Macri, lo que facilitó las conversaciones para resolver este conflicto de deuda histórica entre los niveles municipal y nacional.

La deuda en cuestión acumula desde hace años y responde a transferencias, servicios y obligaciones que la Nación mantiene con la Ciudad. Su cancelación a través de bonos permite al Gobierno nacional evitar una salida inmediata de divisas mientras que le ofrece a Buenos Aires herramientas financieras alternativas para gestionar sus compromisos.

Este tipo de operaciones de refinanciación mediante títulos es frecuente en contextos de restricción de liquidez. Los bonos pueden ser negociados en el mercado secundario o utilizados como instrumento de pago a proveedores, lo que potencialmente mitiga el impacto inmediato en el flujo de caja de la Ciudad.

La medida también refleja la nueva dinámica entre los gobiernos nacional y porteño bajo la gestión Milei. A diferencia de administraciones anteriores, donde existían roces permanentes, Macri y el Gobierno nacional encuentran coincidencias en materia económica, aunque mantienen posiciones diferenciadas en cuestiones de política interna.

El acuerdo aún requiere formalizarse mediante los instrumentos legales correspondientes, pero representa un avance significativo en la resolución de pasivos que presionaban las finanzas públicas de la Ciudad.

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