Una decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volvió a encender la mecha en el gobierno. La supresión de los prácticos de navegación en buques que operan en puertos argentinos desató una nueva disputa con la Armada Nacional y generó reacciones cruzadas en el sector agroexportador.
La medida apunta a abaratar los costos operativos del transporte marítimo de cereales, un sector clave para las divisas del país. Sin embargo, la Armada argumenta que estos profesionales cumplen funciones críticas de seguridad y control en las aguas territoriales, cuestionando la viabilidad técnica de la decisión.
Desde el lado de las grandes exportadoras de granos, la iniciativa fue recibida como un paso hacia la desregulación de los procesos portuarios. Según sus argumentos, eliminar estos intermediarios representaría una reducción significativa en los gastos de cada operación, beneficiando las márgenes de ganancias en un contexto de precios internacionales fluctuantes.
La tensión refleja una línea de grietas que viene creciendo dentro de la administración libertaria. Mientras que Sturzenegger impulsa medidas desreguladoras en distintos sectores, instituciones como la Armada resisten cambios que consideran riesgosos para sus competencias históricas.
Este enfrentamiento llega en un momento donde el gobierno busca proyectar una imagen de eficiencia y reducción de trámites burocráticos. No obstante, los fricciones internas muestran que los objetivos liberalizadores no siempre avanzan sin resistencia dentro de la estructura estatal.
En los puertos, la decisión genera incertidumbre. Las operadoras aguardan definiciones sobre cómo se instrumentará el cambio y qué alternativas de control se implementarán para compensar la salida de los prácticos. Entretanto, la Armada mantiene su postura crítica frente a lo que califica como un riesgo innecesario.
