Luis Petri acaba de asumir como ministro de Defensa, pero quien verdaderamente enfrenta el primer examen de fuego en el equipo económico es Mariano Santilli. Su misión: llevar adelante la privatización del Correo Argentino mediante una salida a la bolsa, un proceso que requiere no solo expertise financiera sino también capacidad para navegar los obstáculos políticos y sindicales.
La operación representa un punto de quiebre en la agenda de reformas del gobierno de Javier Milei. No es simplemente un movimiento especulativo: se trata de desmantelar una estructura estatal que ha operado durante décadas con déficit recurrente y presupuesto cautivo. La cotización en el mercado de valores busca atraer inversión privada que pueda revertir la situación financiera del organismo.
Santilli hereda una entidad compleja. El Correo Argentino acumula años de desinversión, infraestructura obsoleta y una plantilla que históricamente ha gozado de protección sindical. Cualquier intento de reestructuración genera resistencia inmediata de los trabajadores y sus gremios afiliados. El funcionario debe equilibrar la necesidad de modernizar la empresa con la realidad política de una Argentina sensible a los despidos masivos.
La bolsa no es opción menor. Si bien existen alternativas como la venta a un fondo privado o la concesión a operadores logísticos, colocar títulos en el mercado de capitales permite al Estado mantener participación accionaria y legitimidad democrática. Además, atrae inversores institucionales que buscan sectores en transformación.
Este desafío llega en un contexto donde las privatizaciones siguen siendo tema tabú en Argentina. A diferencia de los años 90, el consenso alrededor de estas medidas se erosionó tras las crisis sucesivas. Santilli deberá demostrar que la operación beneficia no solo a acreedores y accionistas, sino también al usuario común que depende del Correo para sus gestiones cotidianas.
La apuesta es ambiciosa. Si fracasa, se convierte en símbolo del desencanto con las reformas. Si triunfa, abre camino a otros procesos de privatización en la agenda oficial.
