La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce del Gobierno nacional y apuntó contra la presencia del Fondo Monetario Internacional en el país. A través de sus redes sociales, la dirigente del Frente de Todos expresó su rechazo a la gestión de Javier Milei y los lineamientos económicos que este mantiene con la institución de crédito internacional.
Mendoza utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para cuestionar la reciente visita de Kristalina Georgieva, directora gerenta del FMI, quien se encontraba en territorio argentino para evaluar el avance del programa de estabilización macroeconómica. En sus posteos, la intendenta vinculó directamente al organismo internacional con las políticas de ajuste fiscal que afectan a la población más vulnerable.
La funcionaria bonaerense no sólo criticó la presencia de Georgieva, sino que también apuntó contra el entendimiento alcanzado entre la administración libertaria y el FMI. Para Mendoza, este acuerdo representa un obstáculo para el desarrollo económico y social del país, perpetuando un esquema de dependencia externa que limita las decisiones de política interna.
Desde la oposición, diferentes voces han cuestionado las negociaciones de Milei con el Fondo. Los argumentos centrales giran en torno a las consecuencias del ajuste: desempleo, pobreza y reducción del gasto en servicios esenciales como salud y educación.
Esta postura de Mendoza se inscribe en una estrategia más amplia de la oposición para criticar la orientación económica del Gobierno y generar consenso sobre los efectos negativos de las condicionalidades impuestas por organismos multilaterales. La intendenta, que gobierna uno de los municipios más poblados del conurbano bonaerense, suele utilizar sus redes para mantener una comunicación directa con sus seguidores sobre temas de coyuntura nacional.
El pronunciamiento de la dirigente quilmeña refleja una tensión permanente en el escenario político argentino: mientras Milei defiende sus acuerdos con el FMI como necesarios para ordenar las finanzas públicas, sus opositores denuncian que estas medidas profundizan la crisis social y económica que golpea a sectores amplios de la población.
