La tensión entre el magistrado Ariel Lijo y el Gobierno nacional alcanzó un nuevo punto de quiebre. El juez ordenó el levantamiento del secreto bancario del portavoz presidencial Manuel Adorni como parte de una ofensiva legal que también incluye la convocatoria a declarar de un conserje de un edificio ubicado en la zona de Caballito.
Esta medida se inscribe dentro de una disputa que viene intensificándose en las últimas semanas, donde el magistrado ha dado pasos cada vez más agresivos contra funcionarios del círculo ejecutivo. La decisión de acceder a información financiera de Adorni representa un escalón inédito en el conflicto institucional.
La citación al portero del inmueble caballitenso sugiere que la investigación busca reconstruir movimientos o transacciones relacionadas con el caso. Este tipo de testigo menor suele ser clave en procesos judiciales cuando se trata de verificar horarios, ingresos o comunicaciones vinculadas a los imputados.
Desde la Casa Rosada aún no trascendieron reacciones oficiales ante esta nueva embestida judicial. Sin embargo, en círculos cercanos al Presidente se espera que el Gobierno cuestione la legalidad de estas medidas ante instancias superiores.
El conflicto refleja una grieta profunda entre el poder judicial y la administración libertaria. Lijo ha demostrado una determinación poco común al avanzar sobre funcionarios de alto rango, desafiando presuntamente los límites tradicionales de las investigaciones judiciales contra miembros del Ejecutivo.
La estrategia del magistrado de apuntar directamente al portavoz presidencial —figura central en la comunicación del Gobierno— representa además una presión política indirecta sobre la gestión de Milei. Adorni es responsable de los anuncios oficiales y de la defensa pública de las políticas gubernamentales ante la prensa.
Esta nueva ofensiva judicial suma un frente más de conflictividad para un Gobierno que ya enfrenta múltiples desafíos políticos y económicos. La decisión de Lijo deberá ser revisada por instancias superiores en caso de que el Ejecutivo presente recursos contra estas medidas.
