La Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado para aclarar su posición respecto al polémico fallo que mantiene vigente la normativa presidencial sobre la compra de campos y tierras por parte de extranjeros. La decisión del tribunal genera debates intensos en sectores agrícolas y políticos que cuestionan las implicancias de permitir adquisiciones sin restricciones.
El máximo tribunal argumentó que el decreto presidencial que habilita estas transacciones se ajusta al marco legal vigente y no viola disposiciones constitucionales. Mediante su exposición, los magistrados justificaron por qué consideran que la medida no requiere modificaciones ni suspensión, pese a las críticas que recibe desde distintos espacios.
Desde hace meses, la polémica sobre quién puede ser propietario de tierra argentina divide aguas en el país. Productores agropecuarios, legisladores y analistas advierten sobre los riesgos de permitir que capital extranjero controle extensiones significativas de territorio nacional, particularmente en zonas estratégicas para la producción alimentaria.
La normativa cuestionada elimina los topes que históricamente limitaban la cantidad de hectáreas que un inversor foráneo podía adquirir en el país. Bajo el régimen anterior, existían restricciones más severas que ahora quedan sin efecto. Esta apertura genera inquietud en quienes defienden que la tierra constituye un recurso estratégico que debe permanecer bajo control nacional.
Desde el sector agroindustrial surgen advertencias sobre cómo esta política podría afectar a productores locales que compiten con poder de compra desigual. Organizaciones del campo sostienen que las tierras productivas son bienes escasos cuya propiedad debe protegerse dentro del territorio nacional.
La Corte, en su aclaración, reafirmó que no le compete pronunciarse sobre la conveniencia política de la medida, sino únicamente sobre su constitucionalidad. Los magistrados consideraron que el decreto respeta los marcos legales y que corresponde al Poder Legislativo, de considerarlo necesario, impulsar cambios en la legislación para imponer nuevas restricciones.
Este pronunciamiento del tribunal deja abierta la puerta para que el Congreso Nacional actúe si considera imperioso establecer límites a la compra de tierras por extranjeros. Diputados y senadores podrían presentar proyectos de ley para modificar la situación, aunque la iniciativa requeriría consenso para avanzar.
