Extiembistas del BCRA cuestionan la reforma de Milei

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Dos exdirectivos de la institución monetaria central salieron al cruce de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo para modificar la estructura del Banco Central. Las críticas convergen en un punto: los ajustes que propone el Gobierno responden a una exigencia del Fondo Monetario Internacional.

Mercedes Marcó del Pont y Miguel Pesce, quienes dirigieron la entidad en administraciones anteriores, coincidieron en sus apreciaciones durante las últimas horas. Ambos expresaron preocupación por las consecuencias que traería consigo una transformación de esa magnitud en la estructura institucional.

La reforma a la Carta Orgánica representa uno de los cambios más sensibles que enfrenta el equipo económico. Según los ex funcionarios, la modificación no surge de una necesidad interna del país, sino que constituye una condición impuesta por el organismo internacional en el marco de las negociaciones por el programa de financiamiento.

Marcó del Pont y Pesce destacaron en sus intervenciones los peligros que acechan a la economía si se concretan estos cambios sin resguardos suficientes. Entre las preocupaciones principales figura el riesgo de una profundización de la contracción económica, que ya muestra signos de deterioro.

La posición de ambos ex presidentes cobra relevancia considerando su trayectoria y conocimiento de los mecanismos internos de la autoridad monetaria. Sus advertencias sobre los efectos recesivos de las medidas propuestas se alinean con análisis de otros sectores que observan con cautela el rumbo de las políticas implementadas.

Esta controversia refleja tensiones más amplias respecto a los compromisos externos que condiciona el acceso a financiamiento internacional. La discusión sobre la autonomía del Banco Central y sus atribuciones forma parte de un debate más profundo sobre la capacidad de decisión del país en materia de política monetaria.

Los cuestionamientos planteados por los ex directivos ponen nuevamente sobre la mesa la necesidad de evaluar el costo político y económico de las reformas institucionales en curso, especialmente cuando estas responden a demandas de acreedores externos.

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