La aparición de nuevos casos de encefalopatía espongiforme ovina, popularmente conocida como ‘oveja loca’, ha generado inquietud en los círculos de producción ganadera argentina. El brote se produce en un momento crítico para el control sanitario del país, cuando la estructura del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria enfrenta un proceso de reestructuración que reduce significativamente su capacidad operativa.
Esta enfermedad neurodegenerativa afecta el sistema nervioso central de los rumiantes y representa un riesgo tanto para la salud animal como para la economía de las explotaciones. Su detección requiere de protocolos rigurosos de vigilancia epidemiológica y capacidad diagnóstica que, según especialistas, se ve comprometida por el achicamiento institucional.
Los productores expresan preocupación sobre la disponibilidad de recursos para implementar medidas preventivas y de contención. La enfermedad se transmite mediante prácticas de alimentación deficiente y requiere de un monitoreo constante en los establecimientos. Sin una estructura robusta de fiscalización, el riesgo de propagación aumenta considerablemente.
El contexto de debilitamiento del organismo regulador intensifica las alarmas. En años anteriores, la vigilancia epidemiológica permitía detectar y aislar focos con rapidez, evitando su expansión geográfica. Ahora, con menos inspectores en terreno y reducción de laboratorios especializados, la detección de nuevos casos revela vulnerabilidades en el sistema.
Desde el sector agropecuario advierten sobre las implicaciones comerciales de un brote no controlado. La presencia confirmada de esta patología puede afectar la exportación de productos ovinos y derivados, mercados sensibles a los estándares sanitarios internacionales. Argentina mantiene acuerdos con países importadores que exigen garantías sobre el estado sanitario del rebaño nacional.
Las autoridades sanitarias mantienen comunicaciones restringidas sobre el alcance exacto de la situación. Los casos documentados han sido confirmados, pero la falta de información transparente genera especulaciones sobre cuántos establecimientos podrían estar afectados. Esta opacidad contrasta con protocolos de comunicación que demanda un organismo fortalecido.
Expertos advierten que sin una inversión inmediata en recursos para diagnóstico, vigilancia y capacitación del personal, la propagación de esta enfermedad podría acelerarse en los próximos meses. El sector reclama claridad sobre las políticas que seguirá el gobierno para garantizar la sanidad animal en una etapa donde la producción ganadera es clave para la economía nacional.
