El esquema de supervisión gubernamental sobre la Asociación del Fútbol Argentino acaba de recibir un golpe inesperado. La dimisión del abogado Agustín Ortiz de Marco como veedor deja al Ejecutivo sin uno de sus principales instrumentos de control sobre las finanzas de la entidad que preside Claudio Tapia.
El letrado había sido designado durante la administración previa de la Inspección General de Justicia, pero la actual gestión del ministerio de Justicia había optado por mantenerlo en el cargo. La decisión buscaba preservar la continuidad en el monitoreo de una institución que enfrenta serios cuestionamientos por la transparencia de sus registros financieros.
La AFA se encuentra bajo la lupa por presuntas irregularidades en sus estados contables y por el manejo poco claro de importantes sumas de dinero. Esta situación ha generado alarmas en distintos sectores del Gobierno, que considera fundamental ejercer un control riguroso sobre la entidad deportiva más poderosa del país.
Con la partida de Ortiz de Marco, el ministerio de Justicia deberá reformular su estrategia de fiscalización. La tarea no será sencilla, considerando que la AFA maneja millones de dólares provenientes de derechos televisivos, sponsoreo y otras fuentes de ingresos que requieren una supervisión especializada.
La vacante generada por esta renuncia obliga a las autoridades a buscar un reemplazante que pueda continuar con la tarea de auditoría. Mientras tanto, la presión sobre la dirigencia del fútbol argentino se mantiene, especialmente en un contexto donde la transparencia financiera se ha convertido en una demanda cada vez más fuerte desde diversos ámbitos.
Este episodio expone las dificultades que enfrenta el Estado para ejercer un control efectivo sobre organizaciones deportivas que manejan recursos significativos y que históricamente han operado con escaso escrutinio externo.
