Nadia Beller fue dada de alta del centro médico donde permanecía desde el ataque a balazos que sufrió días atrás. La jurista y referente político llegó a su domicilio con tres heridas de proyectil en el cuerpo, tras permanecer hospitalizada durante cinco jornadas recibiendo atención especializada.
Una vez recuperada y en su casa, la abogada difundió un comunicado a través de redes sociales en el que expresó su posición sobre lo ocurrido. En el mensaje, Beller fue contundente al caracterizar los hechos como un crimen perpetrado desde el aparato estatal, aseverando que las instituciones gubernamentales bolivianas fueron responsables directas de la agresión.
El pronunciamiento de la activista no se limitó a denunciar lo sucedido. Además de hacer públicas sus acusaciones, dirigió advertencias directas a las autoridades de La Paz, cuestionando su capacidad para garantizar seguridad y exigiendo investigación inmediata de los responsables.
Esta denuncia se produce en un contexto de tensión política en Bolivia, donde han proliferado denuncias de violencia contra opositores y defensores de derechos humanos. La postura de Beller suma presión sobre el gobierno para que abra investigaciones formales sobre el atentado.
Desde diferentes sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, se han levantado voces de solidaridad con la abogada. Organizaciones defensoras demandan al Estado boliviano esclarecer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de la agresión.
El caso reaviva el debate sobre la seguridad de activistas políticos y profesionales del derecho en Bolivia, un país donde han aumentado los episodios de violencia contra personajes públicos críticos del gobierno actual.
