La educación argentina ha entrado en una fase de incertidumbre crítica este martes. A solo días de que millones de alumnos deban regresar a las aulas, el panorama es sombrío: los principales gremios docentes, liderados por CTERA a nivel nacional y el Frente de Unidad Docente en la Provincia de Buenos Aires, han ratificado un estado de alerta y movilización que amenaza con un paro total de actividades.
El epicentro del conflicto se encuentra en la provincia gobernada por Axel Kicillof, donde la última oferta salarial fue rechazada de forma unánime por los representantes de los trabajadores, quienes calificaron la propuesta de “irrisoria” frente al avance del costo de vida.
La disputa no es solo salarial; es una batalla política y económica por el sentido del federalismo. El Gobierno Nacional ha mantenido su postura de no transferir fondos que antes eran automáticos, como el Incentivo Docente, lo que obliga a las provincias a absorber costos operativos que sus tesorerías, ya diezmadas, no pueden afrontar.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha insistido en que el orden fiscal es innegociable, instando a las jurisdicciones locales a eficientizar su propio gasto para cubrir las demandas de los maestros.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la situación es igualmente compleja. Aunque se han abierto canales de diálogo, la presión de las bases sindicales es fuerte, especialmente tras conocerse los datos de inflación que, aunque en descenso según las consultoras privadas, siguen golpeando el poder adquisitivo de los auxiliares y docentes de grado.
Los padres y organizaciones de la sociedad civil han expresado su profunda preocupación, recordando que la pérdida de días de clase tiene un impacto acumulativo devastador en el aprendizaje, agravado por las brechas tecnológicas que aún persisten en los barrios más vulnerables.
Mientras el reloj corre hacia el próximo lunes, se esperan reuniones de último minuto en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la brecha entre lo que los docentes exigen para cubrir la canasta básica y lo que el Estado ofrece en el marco del “déficit cero” parece ser, hoy por hoy, un abismo insalvable.
La resolución de este conflicto definirá no solo el calendario escolar de 2026, sino también el clima social y político de un año que se anticipa marcado por la confrontación de modelos entre la Nación y las provincias.
