Manuel Adorni compareció ante la Cámara de Diputados con un voluminoso informe de gestión que incluye más de dos mil respuestas a interrogantes planteados por legisladores. El documento, presentado previamente, contiene información sobre cuestiones administrativas y también aborda denuncias que recayeron sobre el funcionario durante su gestión como portavoz presidencial y luego como jefe de Gabinete.
Entre los temas más polémicos que debió enfrentar se encuentran consultas relacionadas con su situación patrimonial, desplazamientos realizados en carácter oficial y la vinculación con figuras como Marcelo Grandio. Adorni optó por mantener bajo confidencialidad toda la información referida a su patrimonio personal, argumentando que se trata de datos privados que no pueden ser públicos.
La estrategia del funcionario consistió en proporcionar respuestas detalladas sobre aspectos de su desempeño laboral mientras establecía límites claros en temas que considera de índole privada. Esta postura generó tensión durante el intercambio con los diputados, varios de los cuales cuestionaron la falta de transparencia respecto a ciertos aspectos que consideran relevantes para el escrutinio público.
Los viajes realizados por Adorni también fueron objeto de interrogatorio. Los legisladores buscaban conocer los destinos, fechas y motivos de estos desplazamientos, particularmente aquellos que pudieran estar ligados a actividades gubernamentales o de interés público. El funcionario proporcionó información parcial sobre estos movimientos, aunque con reservas en varios casos.
La mención a Marcelo Grandio en las preguntas del Congreso refleja inquietudes sobre posibles vínculos que podrían influir en la toma de decisiones administrativas. Adorni respondió a estas interrogantes, pero sin brindar detalles adicionales que pudieran aclarar completamente las dudas de los legisladores.
El informe entregado representa uno de los ejercicios más importantes de rendición de cuentas del funcionario ante el Poder Legislativo. Aunque responde a la mayoría de los cuestionamientos, la negativa a transparentar información patrimonial dejó abiertos varios interrogantes que probablemente motivarán nuevas investigaciones o seguimientos en comisiones parlamentarias.
