El senador nacional Miguel Ángel Pichetto analiza distintos caminos legales para cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 que impulsó el gobierno de Javier Milei, en caso de que su solicitud de medida cautelar sea rechazada por las cortes ordinarias.
En declaraciones recientes, el legislador radical señaló que cuenta con alternativas procedimentales para escalar el conflicto hacia instancias superiores del poder judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia, si las primeras presentaciones no obtienen respuesta favorable.
Pichetto encabeza una de las críticas más contundentes contra el instrumento normativo que utilizó el Ejecutivo para impulsar medidas de reforma económica sin pasar por el Congreso. Su estrategia judicial busca cuestionar la constitucionalidad de un decreto que, según su postura, viola procedimientos parlamentarios fundamentales.
La medida cautelar constituye el primer escalón de su estrategia. Se trata de una solicitud de suspensión inmediata de los efectos del DNU mientras se resuelve el fondo de la cuestión en tribunales. Sin embargo, si esta instancia no prospera, Pichetto estaría evaluando un “per saltum” o salto procesal, un mecanismo legal que permite saltear trámites intermedios para llevar un caso directamente ante la máxima instancia judicial.
Esta alternativa no es novedosa en el ordenamiento legal argentino. Ya ha sido utilizada en otros conflictos de relevancia constitucional cuando la celeridad del asunto lo justifica y existen elementos que demuestran la gravedad institucional en juego.
Desde el sector radical, consideran que los decretos de necesidad y urgencia requieren fundamentación rigurosa y que su uso sistemático puede debilitar el rol del Congreso Nacional. La impugnación de Pichetto se alinea con la postura histórica del radicalismo de custodiar los equilibrios constitucionales.
El timing de esta controversia judicial coincide con una etapa de tensiones políticas en torno a las facultades presidenciales y el alcance de las decisiones unilaterales del Ejecutivo. La Corte Suprema deberá evaluar eventualmente si estos decretos cumplen con los requisitos constitucionales de legitimidad.
