Una operación millonaria en la Hidrovía Paraná-Paraguay vuelve a encender las alertas sobre posibles irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante la actual gestión. Según reportes de investigación política, el ministro de Economía Toto Caputo habría favorecido al empresario Cerimedo con la asignación de un contrato de considerable envergadura económica en la vía fluvial más importante del país.
La información surge en momentos en que el gobierno impulsa una agenda de modernización de infraestructuras estratégicas. Sin embargo, la forma en que se habría otorgado este negocio genera cuestionamientos sobre los procedimientos de transparencia y acceso competitivo que debería garantizar el Estado.
La Hidrovía constituye un eje central para la economía nacional, especialmente para las exportaciones de granos y productos regionales. Las obras de mantenimiento y mejora de esta arteria comercial requieren de procesos licitatorios rigurosos que garanticen la mejor relación costo-beneficio para el erario público.
El antecedente de esta asignación se inscribe en un patrón más amplio de críticas hacia el equipo económico por la supuesta falta de auditoría en decisiones sobre recursos estatales. Desde sectores opositores advierten sobre la necesidad de mayores controles institucionales en estas operaciones de alto valor.
Cerimedo es conocido en círculos empresariales y políticos como un contratista con trayectoria en obras viales e hidrofluviales. Su vinculación con funcionarios del actual gobierno habría facilitado el acceso a este contrato sin mediar procesos de selección pública convencionales.
La situación plantea interrogantes sobre la gobernanza de los fondos públicos en proyectos de infraestructura crítica. Actualmente no hay pronunciamientos oficiales de la cartera de Economía ni del empresario involucrado respecto a estos señalamientos.
