El malestar acumulado contra Federico Sturzenegger comienza a generar turbulencias en el Congreso y compromete iniciativas legislativas que formaban parte de la agenda oficial del gobierno. Una de las más afectadas es el proyecto que habilitaría a las grandes empresas petroleras a incursionar en el negocio de los biocombustibles.
La medida, que buscaba ampliar el portafolio de negocios del sector energético tradicional hacia combustibles derivados de fuentes renovables, encuentra ahora resistencia en bloques que hasta hace poco mostraban disposición a acompañar las iniciativas de Milei. El cambio de actitud se vincula directamente con la acumulación de críticas hacia el funcionario encargado de la desburocratización estatal.
Desde diferentes espacios políticos advierten que el respaldo legislativo para este tipo de proyectos dependerá de la continuidad de Sturzenegger en su rol. Algunos diputados y senadores han expresado de manera informal que no están dispuestos a respaldar normativas impulsadas por un funcionario que genera creciente rechazo dentro del Congreso.
El proyecto de ley sobre biocombustibles cobra relevancia en un contexto donde el gobierno busca atraer inversiones hacia el sector energético y cumplir compromisos internacionales sobre transición energética. Sin embargo, la viabilidad política de la iniciativa se ha convertido en un interrogante.
Esta situación refleja un patrón más amplio: la conflictividad interna dentro de la administración y la personalización de políticas públicas en funcionarios específicos genera volatilidad legislativa. Cuando el rechazo a una persona crece, las medidas asociadas a su gestión quedan expuestas a obstrucciones parlamentarias.
En las próximas semanas serán cruciales para definir el destino tanto del funcionario como de la normativa. El gobierno deberá evaluar si mantiene la actual estructura o realiza cambios que permitan desbloquear iniciativas económicas que considera estratégicas para su gestión.
