La Casa Rosada estudia la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante la preocupación de que una derrota electoral desate una ola de incertidumbre en los mercados financieros, similar a la que enfrentó Mauricio Macri hace cinco años.
La estrategia forma parte de los cálculos políticos del oficialismo para navegar el contexto electoral. Funcionarios del gobierno consideran que cancelar estas elecciones primarias les permitiría evitar un escenario que podría traducirse en presión sobre el dólar, retiro de depósitos y tensiones económicas generalizadas.
El antecedente que sobrevuela estas decisiones es el de 2019, cuando la derrota del entonces presidente Macri en las PASO desencadenó una corrida bancaria y cambiaria que marcó el final de su gestión. La experiencia dejó una lección en el establishment político: las primarias pueden ser un espejo que genera pánico en los mercados si los resultados no favorecen al oficialismo.
Desde la perspectiva de la administración actual, suspender las PASO representaría una forma de evitar que los números electorales funcionen como disparador de medidas especulativas. Sin embargo, esta posición genera tensiones dentro de la coalición gobernante y enfrenta resistencias legislativas.
La medida implicaría modificar la legislación electoral, lo que requiere tramitación parlamentaria y debate público. Opositores advierten que la suspensión de las primarias debilitaría la participación ciudadana y concentraría el poder en las dirigencias partidarias.
Más allá de lo electoral, la iniciativa refleja cómo la economía condiciona las decisiones políticas en Argentina. El gobierno percibe que cualquier signo de debilidad en las urnas podría materializar en volatilidad macroeconómica, especialmente en momentos donde la estabilidad cambiaria sigue siendo frágil.
La discusión sobre las PASO también expone las diferencias internas dentro de la coalición gobernante respecto a qué mecanismos electorales convienen a los distintos espacios políticos. Mientras algunos sectores ven la suspensión como una estrategia defensiva, otros la cuestionan por sus implicancias democráticas.
