Después de semanas de restricciones, la Presidencia dio luz verde para que los periodistas vuelvan a circular por Casa Rosada. Sin embargo, la medida no es un regreso irrestricto: la administración estableció severos controles que limitarán significativamente los movimientos dentro de la casa de gobierno.
La reglamentación fue modificada en las últimas horas con el objetivo de permitir la cobertura de prensa, pero con salvaguardas que mantienen un cerco de seguridad apretado alrededor de las dependencias presidenciales. Según informaron fuentes del Ejecutivo, los periodistas podrán ingresar únicamente a espacios determinados, con horarios específicos y bajo supervisión constante.
Este cambio de criterio llega en momentos en que crece la presión de los medios sobre la falta de acceso a información y la ausencia de encuentros regulares con funcionarios de primer nivel. Durante los últimos meses, las conferencias de prensa habían sido prácticamente nulas, generando críticas sobre la falta de transparencia comunicacional del Gobierno.
Manuel Adorni, vocero presidencial y jefe de Gabinete, será el responsable de encabezar las nuevas conferencias de prensa que se esperan comiencen en los próximos días. Según el cronograma preliminar, estos encuentros se desarrollarán durante las mañanas, aunque aún no se confirmó una frecuencia definitiva.
La medida representa un equilibrio que busca el Ejecutivo entre la necesidad de comunicación institucional y el mantenimiento de protocolos de seguridad. Desde Casa Rosada argumentan que las restricciones son proporcionales a los requerimientos de resguardo de las instalaciones, aunque no especificaron cuál es la amenaza concreta que justifica estos límites.
Los medios, por su parte, recibirán con cautela esta apertura. La industria periodística había reclamado constantemente por el cierre casi hermético de la información oficial y la falta de diálogos directos con funcionarios. La pregunta que surge ahora es si estas conferencias de Adorni tendrán la suficiente sustancia informativa o si responderán a un mero trámite comunicacional.
Esta decisión se produce en un contexto donde la relación entre el Gobierno y la prensa ha estado tensionada, con varios cruces públicos y críticas sobre el acceso a la información pública.
