Sectores políticos y sociales cuestionan al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por haber autorizado la operación de tres plantas generadoras de energía hidroeléctrica destinadas a capitales qataríes sin obtener la aprobación previa de la Legislatura provincial.
La denuncia señala que el procedimiento administrativo llevado a cabo eludiría los requisitos constitucionales que exigen la intervención del poder legislativo en decisiones de esta magnitud. Según los cuestionamientos, la autorización se habría concretado mediante resoluciones ejecutivas, saltando así el trámite parlamentario que corresponde para autorizaciones de esta naturaleza.
Los críticos sostienen que se trata de una decisión que afecta directamente los recursos energéticos provinciales y que beneficiaria principalmente a inversionistas del exterior. Esta modalidad de proceder genera interrogantes sobre los mecanismos de transparencia y control democrático aplicados en la aprobación de proyectos de infraestructura de relevancia estratégica.
Desde diferentes espacios políticos advierten sobre los riesgos de que decisiones trascendentes para la provincia se adopten sin el debate legislativo correspondiente. Consideran que la participación de las cámaras legislativas es fundamental para garantizar que los intereses provinciales queden protegidos en negociaciones que involucran capitales extranjeros.
Esta controversia se inscribe en un debate más amplio sobre la gobernanza de recursos naturales y energéticos en las provincias argentinas. Las tensiones entre el poder ejecutivo y legislativo respecto a la aprobación de megaproyectos de inversión han sido recurrentes en distintas jurisdicciones del país.
La situación pone en evidencia cómo la gestión de recursos estratégicos sigue siendo un punto de conflictividad política en los gobiernos subnacionales, especialmente cuando se trata de asociaciones con capitales internacionales que requieren marcos regulatorios claros y participación democrática.
